Novedades en la cotización de los autónomos

El Gobierno y las principales organizaciones de autónomos firmaron ayer el acuerdo que fija las nuevas condiciones para el colectivo a partir del próximo 1 de enero. En resumen, podría decirse que la cuota mínima mensual se eleva en 5,36 euros, hasta los 283,3 euros, a cambio de una mayor protección social, que incluye incluso la ampliación del derecho al paro.

El acuerdo afecta a los 3,2 millones de trabajadores afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), y que representan un 17% del total de trabajadores adscritos a la Seguridad Social.

Estos serían los principales puntos del pacto firmado.

1. Subida de la cotización

La cuota mensual que pagan los trabajadores por cuenta propia que cotizan por la base mínima, que suponen el 90% aproximadamente, subirá a 283,2 euros. Ello supone 5,36€ mensuales más que en la actualidad.

En el caso de los autónomos societarios, la cuota se eleva en 6,89 euros al mes, hasta 364,2 euros al mes.

2. Tarifa plana

Se mantiene la tarifa plana en la cotización durante doce meses para los autónomos que inician su actividad, pero la cuota sube de 50 a 60 euros al mes. A cambio, los beneficiarios de esta tarifa tendrán los mismos derechos y prestaciones que el resto de autónomos.

En el caso de las autónomas, podrán acogerse a la tarifa plana durante doce meses dentro de los dos años posteriores a la prestación por maternidad, sin necesidad de cesar previamente su actividad.

3. Base de cotización

La base de cotización es el importe ligado a la remuneración mensual bruta de los trabajadores, que es de libre elección en el caso de los autónomos, que mayoritariamente cotizan por la mínima.

La base mínima de cotización de los autónomos subirá el 1,25% en 2019, hasta 944,35 euros al mes. Serán 1.214,08 euros para los autónomos societarios.

Las bases mínimas suben cada año en igual medida que el salario mínimo interprofesional, que en 2019 crecerá un 22,3%. De la necesidad de evitar esta subida a los trabajadores por cuenta propia ha surgido un acuerdo que dejará el año que viene por primera vez la base mínima de cotización de los autónomos (944,35 euros) por debajo de la base mínima de los asalariados (1.050 euros).

4. Sanciones por ‘falsos autónomos’

Para evitar que la diferencia de bases entre ambos regímenes lleve a las empresas a trasvasar empleados del régimen general al régimen de autónomos. Se endurecen las sanciones por esta práctica fraudulenta.

Tener un ‘falso autónomo’ que debiera estar contratado por cuenta de la empresa se convierte en una infracción muy grave sujeta a una multa que oscilará entre 3.126 y 10.000 euros por cada trabajador en dicha situación.

5. Tipo de cotización

El tipo de cotización sube al 30%. Hasta ahora los autónomos solo estaban obligados a pagar el tipo por contingencias comunes, aunque también podían cotizar voluntariamente por contingencias profesionales y cese de actividad. A partir de 2019 las tres serán obligatorias y se añadirá la cotización por formación.

El tipo del 30% se desglosa en 28,30 puntos para contingencias comunes, 0,9 puntos para contingencias profesionales, 0,7 puntos para cese de actividad y 0,1 puntos para formación y prevención.

El acuerdo establece que el tipo subirá al 30,3% en 2020, al 30,6% en 2021 y al 31% en 2022.

El tipo aplicado a la base de cotización da como resultado la cuota mensual a abonar a la Seguridad Social.

6. Cese de actividad

Se mejora el acceso y se flexibilizan las condiciones para obtener la prestación por cese de actividad, también conocido como el paro de los autónomos.

Se van a poder cobrar hasta 24 mensualidades, con un mínimo de cuatro, en función de lo cotizado, una cifra que duplica los periodos actuales que establecen un máximo de 12 meses y un mínimo de dos.

7. Accidente y enfermedad

Los autónomos tendrán derecho a cobrar la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja.

8. Incapacidad temporal

Los autónomos no pagarán la cuota de la Seguridad Social a partir del segundo mes de baja por enfermedad o incapacidad temporal hasta el momento del alta.

Se crea una prestación adicional que corresponde a la cotización del trabajador autónomo a partir del día 61 de la baja médica, lo que se anotará con cargo a los ingresos por cuotas en concepto de cese de actividad.

9. Cotización por ingresos reales

El Gobierno se compromete a implantar en 2019 un sistema de cotización ajustado a los ingresos reales de los autónomos. A finales de enero se tendrán los primeros datos procedentes del cruce de información entre la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, que servirán para iniciar el diseño del nuevo sistema.

Compatibilidad de la realización de una actividad por cuenta propia con la percepción del 100% de la cuantía de la pensión de jubilación

Consulta respecto del Criterio de interpretación 1/2018 por el que se modifica el criterio de 21 de noviembre de 2017, del artículo 214 del TRLGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de acuerdo con la redacción dada por la Disposición Final Quinta de la Ley 6/2017, de Reformas Urgentes del trabajo autónomo

ASUNTO:

Compatibilidad de la realización de una actividad por cuenta propia con la percepción del 100 por ciento de la cuantía de la pensión de jubilación, al amparo de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 214.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS).

CRITERIO:

Esta Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de acuerdo con las competencias atribuidas por el artículo 6 o) del Real Decreto 703/2017, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, dictó, en fecha 21 de noviembre de 2017 criterio interpretativo del artículo 214.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

En el apartado 2, de dicho criterio se fijaban los requisitos que del contrato de trabajo por cuenta ajena que da acceso a esta modalidad de jubilación activa. Se entiende necesario modificar el contenido de ese apartado 2, en su último párrafo, que dispone “De igual manera, se entenderá cumplido este requisito si el trabajador autónomo acredita la formalización, como empleador, de un contrato de trabajo que dé lugar a la inclusión del trabajador por cuenta ajena en el Sistema Especial de Empleados del Hogar”.

Así, el criterio de 21 de noviembre de 2017 queda redactado como sigue:

1. Trabajadores autónomos beneficiarios

Se introduce como requisito para el acceso a esta nueva modalidad de jubilación activa que el trabajador autónomo acredite tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena.

Una interpretación literal de la norma nos lleva a concluir que este requisito solo puede ser acreditado por el pensionista de jubilación que, actuando como persona física, haya quedado incluido en el campo de aplicación del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) en virtud del apartado 1 del artículo 305 del TRLGSS. Solo en estos supuestos el trabajador por cuenta ajena es contratado por el trabajador autónomo titular de la pensión de jubilación.

Por tanto, esta medida no será de aplicación a los pensionistas de jubilación incluidos en el RETA de conformidad con lo previsto en el artículo 305.2 b), c), d), e) y l) del TRLGSS, ya que en estos supuestos la inclusión en este régimen especial viene determinada por su condición de consejero, administrador, socio o comunero de una entidad con personalidad jurídica propia distinta a la del trabajador autónomo, entidad que en virtud de su personalidad jurídica propia actúa como empresario ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

Respecto de los familiares colaboradores del trabajador autónomo a que se refiere el artículo 12.1 del TRLGSS, deberán tener la condición de trabajadores por cuenta ajena para que aquel pueda acceder a esta nueva modalidad de jubilación activa plena, siempre que cumpla el resto de requisitos. En ningún caso, podrá beneficiarse de esta modalidad de jubilación al familiar colaborador incluido en el campo de aplicación del RETA, ya que es el trabajador autónomo titular quien actúa como empleador de los trabajadores por cuenta ajena a su servicio.

2. Requisitos del contrato de trabajo por cuenta ajena que da acceso a esta modalidad de jubilación activa

El contrato de trabajo por cuenta ajena cuya acreditación se exige, podrá ser celebrado a jornada completa o parcial, dado que el precepto legal no establece limitación alguna al respecto.

La contratación del trabajador por cuenta ajena podrá efectuarse en cualquiera de las actividades realizadas por el trabajador autónomo, en el supuesto de que éste realice simultáneamente dos o más actividades que den lugar a su inclusión en este Régimen Especial, dado que su alta en el mismo es única (artículo 46.3 del RD 84/1996, de 26 de enero).

Únicamente se entenderá cumplido este requisito, si el trabajador autónomo acredita la formalización, como empleador, de un contrato de trabajo para el desempeño de un puesto de trabajo relacionado con la actividad por la que haya dado lugar a su alta en el sistema de Seguridad Social como trabajador autónomo.

3. Reglas para el reconocimiento de la nueva modalidad de jubilación contemplada en el artículo 214.2 TRLGSS

a) Pensionistas de jubilación que en fecha 26 de octubre de 2017 estuvieran compatibilizando el percibo del 50 por ciento del importe de la pensión y la realización de una actividad por cuenta propia, al amparo de la redacción del artículo 214.2 TRLGSS anterior a dicha fecha:

En estos casos, si se acredita la contratación de un trabajador por cuenta ajena, aunque la entrada en vigor del contrato hubiera tenido lugar antes del 26 de octubre de 2017, podrá incrementarse hasta el 100 por ciento el importe de la pensión compatible con la actividad por cuenta propia, previa solicitud del interesado. Los efectos de dicho incremento se producirán desde la fecha en que concurrieran todos los requisitos exigidos para esa compatibilidad del 100 por ciento, con una retroactividad máxima de tres meses anteriores a la fecha de la solicitud (artículo 53.1 del TRLGSS), y nunca antes de 26 de octubre de 2017.

Lo anterior determinará que, quienes de acuerdo con el artículo 214 TRLGSS, tengan derecho durante el mes de octubre de 2017 a compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta propia, y acrediten tener un trabajador por cuenta ajena, podrán hacerlo hasta el 50 por ciento de su cuantía desde el día 1 al 25 y hasta el 100 por ciento a partir del día 26, todos ellos del citado mes.

b) En todos los demás supuestos, la compatibilidad de la pensión de jubilación con la realización de una actividad por cuenta propia al amparo del artículo 214.2 TRLGSS, podrá ser solicitada por quien ya tuviera la condición de pensionista de jubilación o por quien, sin tener la condición de pensionista, quisiera acceder a la misma compatibilizando el percibo de la pensión con la realización del trabajo por cuenta propia.

En estos supuestos, de concurrir los requisitos exigidos en el apartado 1 del artículo 214, procederá reconocer la compatibilidad en el 50 por ciento o en el 100 por ciento (si se acredita la contratación de al menos un trabajador por cuenta ajena), con los efectos económicos que en cada caso correspondan conforme a las reglas generales, que no han sido modificadas.

c) La compatibilidad del 100 por ciento de la cuantía de la pensión de jubilación con la actividad por cuenta propia, sólo procederá durante el periodo en el que concurran simultáneamente los requisitos exigidos en el párrafo segundo del artículo 214.2 del TRLGSS, es decir, el alta del pensionista en el RETA y la vigencia del contrato por cuenta ajena. En el caso de que ambos requisitos no se mantengan durante todo el mes, se abonará el 100 por ciento de la cuantía de la pensión de jubilación durante el periodo en que concurran ambos, y el 50 por ciento de dicha cuantía cuando solo concurra el trabajo por cuenta propia del pensionista.

La aprobación de este criterio no supondrá una revisión de las solicitudes de compatibilidad ya reconocidas conforme al criterio de 21 de noviembre de 2017, produciendo efectos desde el día 15 de julio de 2018.

Madrid, 11 de julio de 2018

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Fdo: Francisco Borja Suárez Corujo

 

 

Medidas para garantizar la afiliación de los falsos autónomos

En el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 se detallan medidas que, entre otras muchas, contemplan la persecución de aquellas empresas que utilicen de manera fraudulenta la figura del falso autónomo.

A principios de agosto se aprobó un Real Decreto que modifica la normativa de Seguridad Social para garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social. Se trata del RD 997/2018, de 3 de agosto , que modifica los artículos 31 y 35 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.

A través de esta reforma se pretende evitar que las empresas a través del sistema RED obstruyan la actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social cuando la Inspección de Trabajo detecta altas irregulares en el Régimen de Autónomos, es decir, cuando se detecta que por su actividad laboral se trata de trabajadores por cuenta ajena (lo que se conoce como “falsos autónomos”).

En estos casos, la Inspección de Trabajo inicia un procedimiento e insta a la Seguridad Social para que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General, que es el correspondiente para los trabajadores por cuenta ajena, al menos hasta la finalización del procedimiento. Hasta ahora, las empresas afectadas –o en su caso, los trabajadores– tramitaban la baja para anular el alta practicada de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, que actuaba a instancia de la Inspección de Trabajo y dentro del procedimiento de infracción iniciado por ésta.

El nuevo Real Decreto trata de evitar estas incidencias introduciendo las siguientes modificaciones en el Reglamento:

– Artículo 31: se modifica su apartado 3, en el que se añade un párrafo en el que se establece que serán preceptivos los Informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para resolver las solicitudes de baja que se formulen tras haberse practicado altas de oficio, respecto a los mismos trabajadores a instancia de la propia Inspección ya que hasta ahora, estos informes eran potestativos.

– Artículo 35: su nuevo aparatado 7 establece que no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar aquellas bajas y variaciones de datos formuladas por las empresas y, en su caso, por los trabajadores cuando afecten a los periodos comprendidos en las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que motiven la tramitación de procedimientos de alta y variación de datos de oficio, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a los mismos trabajadores afectados por aquellas.

Y el actual apartado 7 pasa a constituir su nuevo apartado 8, con idéntica redacción.

Con estas medidas se pretende garantizar que los procedimientos tramitados de oficio puedan instruirse hasta su resolución en firme, sin verse obstruidos o afectados por actuaciones que pretendan distorsionarlos.

Consulta de 15 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo sobre Compatibilidad de la prestación por desempleo con actividad autónoma

Queremos comentar la Consulta arriba indicada. En la consulta se plantea lo siguiente: “…se solicita criterio en materia de aplicación de la medida de fomento del trabajo autónomo contemplada en el artículo 33 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, en la redacción dada a dicho precepto por el artículo primero de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre….., que regula la compatibilidad de la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo con el desarrollo de un trabajo autónomo, por un periodo máximo de 270 días, para aquellos trabajadores que, encontrándose en situación legal de desempleo por haber cesado total y definitivamente en su actividad laboral, causen alta en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia, en las condiciones reguladas en la indicada norma. En concreto…… se consulta si dicha medida de compatibilidad resulta igualmente de aplicación a aquellos profesionales que, tras haber cesado con carácter total y definitivo en su actividad laboral, sea titulares del derecho al percibo de la prestación por desempleo en su nivel contributivo, e inicien una actividad profesional por cuenta propia con alta en una mutualidad alternativa al sistema de Seguridad Social, sin causar alta, por tanto, en ningún régimen de dicho sistema.

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Absentismo laboral. Requisitos para la extinción del contrato de trabajo.

El absentismo laboral justifica la extinción del contrato de trabajo cuando concurren determinados requisitos. Hoy, queremos explicar cuales son dichos requisitos, y como deben de concurrir para que exista una causa objetiva, que legitime la extinción del contrato de trabajo.

Dichos requisitos son:

  • a) Volumen de inasistencias (aun justificadas pero intermitentes) del trabajador afectado: el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles (cabe, pues, el absentismo justificado por estar recibiendo el trabajador un tratamiento médico continuado, o por la existencia de alguna falta puntual de salud), o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses. No se exige el requisito (anteriormente vigente), de que el volumen de inasistencia o índice de absentismo del total de la plantilla del centro de trabajo superior al 2,5%, en los mismos períodos de tiempo.
  • b) Que estas inasistencias no se deban a las siguientes causas: 1) ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma; 2) el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores; 3) accidente de trabajo; 4) maternidad; 5) paternidad; 6) riesgo durante el embarazo y la lactancia; 7) enfermedades causadas por el embarazo, parto o lactancia; 8) licencias y vacaciones; 9) enfermedad o accidente no laboral, cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos; 10) las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda; y 11) tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.

Contratas y Subcontratas en el ámbito laboral

Actualmente es habitual la contratación y subcontratación de la ejecución de determinadas tareas, obras o servicios. Por ello, es importante, que los empresarios intervinientes en dicha contratación y subcontratación, tengan presente las obligaciones que se derivan de dicha relación.

La descentralización productiva está reconocida en el artículo 38 de la CE y el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, éste último artículo adopta ciertas cautelas con la finalidad de evitar la lesión de los derechos de los trabajadores. Siempre y cuando el campo de aplicación se ciña a la propia actividad de la empresa principal. El concepto de propia actividad de la empresa principal, según la teoría del ciclo productivo, es todo lo que se incorpora al producto que fabrica o al servicio que presta. En aplicación a éste último criterio el Tribunal Supremo ha reconocido la aplicación del artículo 42 del ET en supuestos como “la prestación de los servicios de comedor y cafetería de un Colegio Mayor” y “el transporte sanitario de enfermos con respecto al servicio público de salud que deben prestar a las Comunidades Autónomas”. Ha negado su aplicación en el supuestos de  “la externalización, por parte del Servicio Público de Empleo, de los cursos de formación ocupacional”.

De la lectura del artículo 42 ET se deducen una serie de obligaciones de las empresas principal y contratista. Pueden sintetizarse en las siguientes: Leer más

Relación fiestas laborales en Cataluña para el año 2018

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018.

Relación de fiestas laborales

La Dirección General de Empleo ha resuelto disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de fiestas laborales para el año 2018 de ámbito nacional, de Comunidad Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y Melilla que figuran como anexo a esta Resolución.

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Orden TSF/101/2017, de 25 de mayo, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales en Cataluña para el año 2018 (D.O.G.C de 31 de mayo de 2017) dispone que: “De las trece fiestas citadas… hay una, a elegir entre el 2 de abril (Lunes de Pascua Florida), y el 26 de diciembre (San Esteban) que tiene el carácter de recuperable. Las otras doce son de carácter retribuido y no recuperable. Asimismo, se dispone que: “En el territorio de Arán, visto que el día 17 de junio (Fiesta de Arán) en 2018 coincide en domingo…al igual que en el resto de Cataluña, será fiesta el día 26 de diciembre (San Esteban)».

BOE Calendario laboral 2018 Cataluña

Autónomos. Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo

Principales medidas incluidas en la ley de reformas urgentes del trabajo autónomo

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha celebrado la aprobación definitiva de la Ley de Medidas Urgentes para el Trabajo Autónomo en las Cortes, después de que haya sido aprobada por unanimidad en la Cámara Alta.

En un comunicado, Empleo ha asegurado que esta norma “nace con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios para consolidar uno de los principales motores de la recuperación de la economía española”.

Por este motivo, el Ministerio ha asegurado que la Ley de Autónomos pone en marcha 16 medidas para que haya “más autónomos, se fomente la empleabilidad, la jubilación activa y se flexibilicen los trámites y la regulación”.

1.- Medidas dirigidas a fortalecer la creación de empleo autónomo: 

-Extensión de la cuota reducida (denominada “tarifa plana”) para los nuevos trabajadores autónomos que emprendan o reemprendan una actividad por cuenta propia: Se amplía a doce meses, frente a los seis actuales, el período de duración de la cuota reducida para los autónomos que causen alta inicial por primera vez en el sistema de Seguridad Social. Asimismo, para aquellos trabajadores que reemprendan su actividad por cuenta propia, para obtener esta cuota reducida, se reduce a dos años, frente a los cinco actuales, el requisito de no encontrarse previamente de alta en el sistema de Seguridad Social.  Leer más

Despido disciplinario por el uso privado de medios informáticos en la empresa

Nos encontramos en un supuesto en el que un empleado, dentro del horario laboral, hace uso de internet para fines privados. La empresa al tener conocimiento de los hechos despide disciplinariamente (Despido por uso privado del ordenador), por vulneración de la buena fe contractual y disminución continuada y voluntaria del rendimiento. Previamente la empresa había prohibido a sus empleados la utilización de los ordenadores para fines privados.

El TSJ de Cataluña entiende que el despido es procedente como consecuencia de dicha conducta. Ésta infringe la buena fe por la que debe de regirse la relación contractual.

Ello por los siguientes motivos:

1.- Al no existir regulación convencional que suavice las causas de despido disciplinario contemplado en el Estatuto de los Trabajadores debe de regir éste en los términos que se encuentra redactado.

2.- Dicha prohibición se había trasladado a los trabajadores de forma clara.

3.- La trabajadora, de forma reiterada, desobedeció tal prohibición. Dicha actitud denota la falta de buena fe.

4.- Aunque la empresa podría haber realizado un control o auditoría previa en cualquier momento, su ausencia no modula la gravedad de la actitud de la trabajadora. El hecho de no haber sancionado previamente a la trabajadora o sus compañeros no acredita tolerancia empresarial a tales incumplimientos. Sobre todo porque había sido prohibida dicha actitud por la empresa de forma expresa.

 

Despido objetivo por causas económicas. Falta de liquidez en la empresa que impide poner a disposición del trabajador, simultáneamente, la indemnización.

Comentarios a la STS de los Social de 28 de marzo de 2017.

 

Nos encontramos con una casuística habitual en periodos de crisis como el que ha pasado nuestra economía. Una empresa resaliza un despido por causas económicas a un trabajador, sin disponer de liquidez suficiente para indemnizar al trabajador en el momento del despido.

 

El artículo 53 del ET trata de la forma y efectos de la extinción por causas objetiva, incluidas las económicas, establece en su letra b):

 

“Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.

 

Cuando la decisión extintiva se fundase en el artículo 52.c) del ET, con alegación de causa económica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquel su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.”

 

Éste último párrafo es totalmente lógico y necesario. Regula una situación que, de no hacerlo, impediría la posibilidad de llevar a cabo el despido objetivo basado en causas económicas por aquellas empresas que, su situación económica es precisamente la causa del despido y, al mismo tiempo, la que provoca la falta de liquidez.

 

Ahora bien, dado que la documentación que permite acreditar la falta de liquidez está en posesión de la empresa es a ésta la que corresponde acreditar dicha situación.

No obstante, no siempre podrá acreditarse a través de una prueba plena, pero que sí será posible adverar introduciendo en el proceso determinados indicios, con apreciable grado de solidez, acerca de su realidad, lo que habrá de considerarse suficiente, pues en tal caso la destrucción o neutralización de esos indicios, si razonablemente hacen presumir la realidad de la liquidez, incumbiría al trabajador según el apartado 3. del artículo 217 de la LEC.”

 

La sala con un conocimiento admirable de la realidad económica de las empresas, mantiene el mismo criterio que dejó establecido en su sentencia de 25 de enero de 2005, posibilitando el despido de trabajadores a las sociedades que aúnen una situación económica adversa y falta de liquidez . Lo contrario, implicaría que muchas sociedades no podrían reducir sus costes laborales por falta de liquidez, cuando su situación económica es lo que les obligaría o aconsejaría llevar a cabo.

 

Departamento Laboral