Extravío, sustracción o destrucción del pagaré

El pagaré cambiario es un título-valor por el cual una persona se obliga o compromete a pagar a otra o a su orden, una determinada cantidad de dinero en la fecha y lugar indicados en el título. Dicho título incorpora un derecho que en éste supuesto debe de ser pecuniario. El hecho de la incorporación del derecho de crédito a un soporte documental con el libramiento del pagaré, como ocurre en cualquier título, puede entrañar el riesgo de extravío, sustracción o destrucción del documento que implicaría la pérdida del derecho a reclamar el mismo por la vía cambiaria. Ante esta eventualidad más habitual de lo que uno piensa, los artículos 132 a 135 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria articulan un procedimiento al que puede acudir el tenedor que se ha visto desposeído del pagaré, que lo ha perdido o que ha sufrido su destrucción, para evitar que se realice el pago al sujeto que resulte ahora poseedor del documento, para que el título sea amortizado y para que se expida posteriormente un nuevo documento en el que se reconozca su titularidad. Los requisitos son que el poseedor legítimo que haya sido desposeído del título –o cualquier persona que haya sufrido la destrucción o extravío del pagaré– presente un escrito ante el Juzgado de lo Mercantil del lugar de pago justificando su legitimación para promover el expediente de amortización. Para la actuación en dicho expediente se requerirá la intervención de abogado y procurador y será tramitado ante el secretario judicial del Juzgado de lo Mercantil. La incoación del expediente se comunicará al emisor del pagaré y se anunciará en el Boletín Oficial del Estado y en un periódico de gran circulación de la provincia, disponiéndose la citación de quienes pudieran estar interesados en el mismo. Tras la comparecencia de las partes interesadas, el secretario judicial dictará un decreto pronunciándose sobre la prohibición de negociar o transmitir el título y sobre la procedencia del pago del mismo. Si en el plazo de seis meses desde la incoación del procedimiento, no se hubiese suscitado controversia, el Secretario judicial autorizará el cobro de los rendimientos que produzca el título, comunicándoselo al emisor para que pueda proceder a su pago. El pago podrá quedar condicionado a la prestación de una fianza que pueda garantizar, en su caso, la devolución. Si el pagaré tuviera un plazo de vencimiento superior, si en el plazo de un año no hubiera mediado oposición al expediente, el secretario judicial ordenará la emisión de un nuevo título que se entregará al solicitante.

He sufrido un accidente de tráfico. ¿Que indemnización me corresponde?

Es habitual que nuestros clientes, al haber sufrido un accidente de tráfico, nos pregunten que indemnización pueden reclamar. Bien a su compañía aseguradora o a la compañía contraria. Por ello queremos comentar como se valoran los daños acontecidos en accidentes de circulación.

Con la aprobación de la Ley 35/2015, se produjo un cambio en la valoración de los daños causados por accidentes de circulación, en algunos casos de forma positiva y otros de forma negativo.

Las actuales reglas para la valoración del daño corporal se dividen en tres secciones; indemnizaciones por muerte, indemnizaciones por secuelas y las indemnizaciones por lesiones temporales. Cada una de estas secciones de dividen, a su vez, en perjuicio personal básico, perjuicio personal particular y perjuicio patrimonial.

  1. En los casos de muerte, se fijan las distintas categorías de perjudicados y allegados para valorar las indemnizaciones (perjuicio personal básico), así otras para casos tasados fijados en la norma (perjuicio personal particular). En cuanto al aspecto patrimonial se reconoce un partida de 400.-€, sin necesidad de justificar, para gastos generales y, otros gastos específicos justificables, como por ejemplo el traslado del fallecido, repatriación, entierro y funeral. Por último, se determina el lucro cesante en base a los ingresos netos del fallecido activo o en base por el salario mínimo interprofesional del fallecido desempleado.
  2. En cuanto a las indemnizaciones por secuelas, el perjuicio personal básico se determina por un Baremo Médico que detalle todas las posibles secuelas por los posibles perjuicios psicofísicos permanentes y por los posibles perjuicios estético, otorgándole a cada secuela unos puntos fijos o variables según la gravedad. La suma final de los puntos se lleva a una tabla en función de la edad del lesionado para fija la cuantía económica. En el perjuicio personal particular, cabe destacar la apreciación de la Pérdida de Calidad de Vida del lesionado causada por la/s secuela/s, fijándose distintos grados (muy grave, grave, moderado y leve), que se traduce a una importante parte de la indemnización final para el perjudicado. Por último, en los daños patrimoniales por daño emergente se encuentran los gastos de hospitalarios, ambulatorios, de rehabilitación, de adecuación de la vivienda, de incrementos costes de movilidad y gastos de ayuda de terceras determinando el número de horas. El criterio del lucro cesante es similar al fijado en los casos de muerte.
  3. Las indemnizaciones por lesiones temporales son compatibles con las indemnizaciones de muerte y por secuelas. El perjuicio personal básico se cuantifica en 30.-€ diario. En el perjuicio personal particular se distinguen tres grados; muy graves (100.-€/día), graves (75.-€/día) y moderado (52.-€/día). Por la intervención quirúrgica se cuantifica un importe variable de entre 400.-€ y 1.600.-€. Respecto al perjuicio patrimonial, el daño emergente corresponde a los gastos de asistencia sanitaria, prótesis, ortesis, productos necesario por el lesionado hasta el final del proceso curativo o estabilización de la lesión y su transformación en secuela y los gastos por los desplazamientos asistenciales. Por último, en el lucro cesante se refiere a la pérdida de ingresos netos de periodos análogos, deducibles por las prestaciones de carácter público que perciba el lesionado por el mimos concepto.

Se trata de una regulación nueva con poco recorrido, pero de mejor calidad y claridad que la anterior. Destaca una tramitación extrajudicial mejorada gracias a la regulación del procedimiento obligatorio extrajudicial consistente en que obliga a la compañía contraría a trasladar una oferta motivada a las reclamaciones del perjudicado. Por contra, la despenalización de la mayoría de las lesiones causadas por accidente tráfico puede suponer una aumento de los costes del perjudicado en su reclamación judicial, debido a que la vía a reclamar será la civil en detrimento de la penal, así como en la necesidad de aportar informe pericial de parte pues en los denuncias penales por Falta eran elaborados gratuitamente por el propio Médico Forense del Juzgado. Por ello, es recomendable estar asistido por profesional experimentado durante la fase extrajudicial obligatoria previa para evitar mayores costes y aspirar una mayor indemnización, siendo la vía judicial la última de las fases.

 

 

 

Divorcio de mutuo acuerdo, ante notario o vía contenciosa

Desde la reforma del Código Civil del año 2005, los cónyuges pueden iniciar un procedimiento de divorcio sin tener que acudir a la previa separación legal. Con ello, se evita alargar la situación de crisis familiar y reducir considerablemente los costes.

El procedimiento de divorcio puede realizarse de mutuo acuerdo y por vía contenciosa. En el primero, es necesario suscribir un convenio regulador acordando el divorcio y las medidas derivadas del mismo, y posteriormente ratificarlo en el Juzgado. En el segundo, es necesario iniciar demanda judicial en solicitud de declaración de divorcio y proponiendo las medidas a adoptar por el Juez como consecuencia de tal declaración de divorcio. Igualmente, en el caso que no se hubiera contraído matrimonio, el procedimiento es el mismo que el indicado anteriormente, salvo en la solicitud de disolución matrimonial por divorcio.

En los casos que existan hijos menores o incapaces es obligatorio acudir ante el Juzgado.

Sin embargo, de no haber hijos comunes o éstos sean mayores de edad, se puede solicitar el divorcio ante el Notario de Ripollet o el de la localidad correspondiente al domicilio familiar, con asistencia de Abogado colegiado, junto con la suscripción de un convenio regulador de divorcio con las medidas consensuadas por las partes. Leer más