Absentismo laboral. Requisitos para la extinción del contrato de trabajo.

El absentismo laboral justifica la extinción del contrato de trabajo cuando concurren determinados requisitos. Hoy, queremos explicar cuales son dichos requisitos, y como deben de concurrir para que exista una causa objetiva, que legitime la extinción del contrato de trabajo.

Dichos requisitos son:

  • a) Volumen de inasistencias (aun justificadas pero intermitentes) del trabajador afectado: el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles (cabe, pues, el absentismo justificado por estar recibiendo el trabajador un tratamiento médico continuado, o por la existencia de alguna falta puntual de salud), o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses. No se exige el requisito (anteriormente vigente), de que el volumen de inasistencia o índice de absentismo del total de la plantilla del centro de trabajo superior al 2,5%, en los mismos períodos de tiempo.
  • b) Que estas inasistencias no se deban a las siguientes causas: 1) ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma; 2) el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores; 3) accidente de trabajo; 4) maternidad; 5) paternidad; 6) riesgo durante el embarazo y la lactancia; 7) enfermedades causadas por el embarazo, parto o lactancia; 8) licencias y vacaciones; 9) enfermedad o accidente no laboral, cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos; 10) las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda; y 11) tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.

Afectados por la resolución del Banco Popular. Tributación en el IRPF.

La DGT ha dado respuesta a las primeras consultas de los afectados por la resolución del Banco Popular. En la misma detalla las acciones llevadas a cabo por el FROB para la transmisión de la entidad Banco Popular Español, S.A. Se llevaron a cabo las siguientes operaciones:

– Reducción del capital social a 0, mediante la amortización de las acciones en circulación

– Aumento del capital social para la conversión en acciones de los bonos contingentes convertibles que la entidad de crédito resuelta tenía emitidos, y una posterior reducción del capital a 0, con la consiguiente amortización de las acciones

– Aumento del capital social para la conversión en acciones de los bonos subordinados y posterior transmisión de las mencionadas acciones a la entidad compradora por un valor de 1 euro.

Se ofreció a los accionistas y obligacionistas afectados la posibilidad de adquirir nuevos bonos emitidos por la entidad compradora en un importe nominal equivalente a la inversión en acciones o en obligaciones subordinadas del Banco Popular.

Las operaciones indicadas tienen transcendencia el el IRPF. Deben de tributar como rendimientos del capital mobiliario. Leer más

Extravío, sustracción o destrucción del pagaré

El pagaré cambiario es un título-valor por el cual una persona se obliga o compromete a pagar a otra o a su orden, una determinada cantidad de dinero en la fecha y lugar indicados en el título. Dicho título incorpora un derecho que en éste supuesto debe de ser pecuniario. El hecho de la incorporación del derecho de crédito a un soporte documental con el libramiento del pagaré, como ocurre en cualquier título, puede entrañar el riesgo de extravío, sustracción o destrucción del documento que implicaría la pérdida del derecho a reclamar el mismo por la vía cambiaria. Ante esta eventualidad más habitual de lo que uno piensa, los artículos 132 a 135 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria articulan un procedimiento al que puede acudir el tenedor que se ha visto desposeído del pagaré, que lo ha perdido o que ha sufrido su destrucción, para evitar que se realice el pago al sujeto que resulte ahora poseedor del documento, para que el título sea amortizado y para que se expida posteriormente un nuevo documento en el que se reconozca su titularidad. Los requisitos son que el poseedor legítimo que haya sido desposeído del título –o cualquier persona que haya sufrido la destrucción o extravío del pagaré– presente un escrito ante el Juzgado de lo Mercantil del lugar de pago justificando su legitimación para promover el expediente de amortización. Para la actuación en dicho expediente se requerirá la intervención de abogado y procurador y será tramitado ante el secretario judicial del Juzgado de lo Mercantil. La incoación del expediente se comunicará al emisor del pagaré y se anunciará en el Boletín Oficial del Estado y en un periódico de gran circulación de la provincia, disponiéndose la citación de quienes pudieran estar interesados en el mismo. Tras la comparecencia de las partes interesadas, el secretario judicial dictará un decreto pronunciándose sobre la prohibición de negociar o transmitir el título y sobre la procedencia del pago del mismo. Si en el plazo de seis meses desde la incoación del procedimiento, no se hubiese suscitado controversia, el Secretario judicial autorizará el cobro de los rendimientos que produzca el título, comunicándoselo al emisor para que pueda proceder a su pago. El pago podrá quedar condicionado a la prestación de una fianza que pueda garantizar, en su caso, la devolución. Si el pagaré tuviera un plazo de vencimiento superior, si en el plazo de un año no hubiera mediado oposición al expediente, el secretario judicial ordenará la emisión de un nuevo título que se entregará al solicitante.

He sufrido un accidente de tráfico. ¿Que indemnización me corresponde?

Es habitual que nuestros clientes, al haber sufrido un accidente de tráfico, nos pregunten que indemnización pueden reclamar. Bien a su compañía aseguradora o a la compañía contraria. Por ello queremos comentar como se valoran los daños acontecidos en accidentes de circulación.

Con la aprobación de la Ley 35/2015, se produjo un cambio en la valoración de los daños causados por accidentes de circulación, en algunos casos de forma positiva y otros de forma negativo.

Las actuales reglas para la valoración del daño corporal se dividen en tres secciones; indemnizaciones por muerte, indemnizaciones por secuelas y las indemnizaciones por lesiones temporales. Cada una de estas secciones de dividen, a su vez, en perjuicio personal básico, perjuicio personal particular y perjuicio patrimonial.

  1. En los casos de muerte, se fijan las distintas categorías de perjudicados y allegados para valorar las indemnizaciones (perjuicio personal básico), así otras para casos tasados fijados en la norma (perjuicio personal particular). En cuanto al aspecto patrimonial se reconoce un partida de 400.-€, sin necesidad de justificar, para gastos generales y, otros gastos específicos justificables, como por ejemplo el traslado del fallecido, repatriación, entierro y funeral. Por último, se determina el lucro cesante en base a los ingresos netos del fallecido activo o en base por el salario mínimo interprofesional del fallecido desempleado.
  2. En cuanto a las indemnizaciones por secuelas, el perjuicio personal básico se determina por un Baremo Médico que detalle todas las posibles secuelas por los posibles perjuicios psicofísicos permanentes y por los posibles perjuicios estético, otorgándole a cada secuela unos puntos fijos o variables según la gravedad. La suma final de los puntos se lleva a una tabla en función de la edad del lesionado para fija la cuantía económica. En el perjuicio personal particular, cabe destacar la apreciación de la Pérdida de Calidad de Vida del lesionado causada por la/s secuela/s, fijándose distintos grados (muy grave, grave, moderado y leve), que se traduce a una importante parte de la indemnización final para el perjudicado. Por último, en los daños patrimoniales por daño emergente se encuentran los gastos de hospitalarios, ambulatorios, de rehabilitación, de adecuación de la vivienda, de incrementos costes de movilidad y gastos de ayuda de terceras determinando el número de horas. El criterio del lucro cesante es similar al fijado en los casos de muerte.
  3. Las indemnizaciones por lesiones temporales son compatibles con las indemnizaciones de muerte y por secuelas. El perjuicio personal básico se cuantifica en 30.-€ diario. En el perjuicio personal particular se distinguen tres grados; muy graves (100.-€/día), graves (75.-€/día) y moderado (52.-€/día). Por la intervención quirúrgica se cuantifica un importe variable de entre 400.-€ y 1.600.-€. Respecto al perjuicio patrimonial, el daño emergente corresponde a los gastos de asistencia sanitaria, prótesis, ortesis, productos necesario por el lesionado hasta el final del proceso curativo o estabilización de la lesión y su transformación en secuela y los gastos por los desplazamientos asistenciales. Por último, en el lucro cesante se refiere a la pérdida de ingresos netos de periodos análogos, deducibles por las prestaciones de carácter público que perciba el lesionado por el mimos concepto.

Se trata de una regulación nueva con poco recorrido, pero de mejor calidad y claridad que la anterior. Destaca una tramitación extrajudicial mejorada gracias a la regulación del procedimiento obligatorio extrajudicial consistente en que obliga a la compañía contraría a trasladar una oferta motivada a las reclamaciones del perjudicado. Por contra, la despenalización de la mayoría de las lesiones causadas por accidente tráfico puede suponer una aumento de los costes del perjudicado en su reclamación judicial, debido a que la vía a reclamar será la civil en detrimento de la penal, así como en la necesidad de aportar informe pericial de parte pues en los denuncias penales por Falta eran elaborados gratuitamente por el propio Médico Forense del Juzgado. Por ello, es recomendable estar asistido por profesional experimentado durante la fase extrajudicial obligatoria previa para evitar mayores costes y aspirar una mayor indemnización, siendo la vía judicial la última de las fases.

 

 

 

Contratas y Subcontratas en el ámbito laboral

Actualmente es habitual la contratación y subcontratación de la ejecución de determinadas tareas, obras o servicios. Por ello, es importante, que los empresarios intervinientes en dicha contratación y subcontratación, tengan presente las obligaciones que se derivan de dicha relación.

La descentralización productiva está reconocida en el artículo 38 de la CE y el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, éste último artículo adopta ciertas cautelas con la finalidad de evitar la lesión de los derechos de los trabajadores. Siempre y cuando el campo de aplicación se ciña a la propia actividad de la empresa principal. El concepto de propia actividad de la empresa principal, según la teoría del ciclo productivo, es todo lo que se incorpora al producto que fabrica o al servicio que presta. En aplicación a éste último criterio el Tribunal Supremo ha reconocido la aplicación del artículo 42 del ET en supuestos como “la prestación de los servicios de comedor y cafetería de un Colegio Mayor” y “el transporte sanitario de enfermos con respecto al servicio público de salud que deben prestar a las Comunidades Autónomas”. Ha negado su aplicación en el supuestos de  “la externalización, por parte del Servicio Público de Empleo, de los cursos de formación ocupacional”.

De la lectura del artículo 42 ET se deducen una serie de obligaciones de las empresas principal y contratista. Pueden sintetizarse en las siguientes: Leer más

Novedades IRPF 2018. Gastos deducibles en concepto de suministros de la vivienda habitual a partir de 1-1-2018

Seguimos con el IRPF. Otra de las novedades es que a partir del 1 de enero de 2018, en los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, podrá deducir los gastos de suministro de dicha vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior.

Por ejemplo:

La vivienda habitual de un contribuyente tiene 100 metros cuadrados. El contribuyente afecta a la actividad económica que desarrolla 30 metros cuadrados. Los gastos anuales por suministros ascienden a 10.000 €.

Proporción de la vivienda habitual afecta: 30/100 = 30%

Porcentaje de deducción: 30% x 30% = 9%

Gastos deducibles: 10.000 € x 9% = 900 €

Normativa/Doctrina

Novedades IRPF 2018. Gastos deducibles en concepto de manutención a partir de 1-1-2018

El ejercicio 2018 nos trae importantes novedades en el ámbito tributario. En el IRPF, por ejemplo, aquellos contribuyentes que determinen su rendimiento neto de la actividad económica por el método de estimación directa podrán deducir los gastos de manutención que cumplan los siguientes requisitos:

  • Ser gastos del propio contribuyente.
  • Realizarse en el desarrollo de la actividad económica.
  • Producirse en establecimientos de restauración y hostelería.
  • Deberán abonarse utilizando cualquier medio electrónico de pago.

Estos gasto tendrán como límite máximo los importes establecidos reglamentariamente para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores que se contienen en el artículo 9.A.3.a) del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Normativa/Doctrina

Divorcio de mutuo acuerdo, ante notario o vía contenciosa

Desde la reforma del Código Civil del año 2005, los cónyuges pueden iniciar un procedimiento de divorcio sin tener que acudir a la previa separación legal. Con ello, se evita alargar la situación de crisis familiar y reducir considerablemente los costes.

El procedimiento de divorcio puede realizarse de mutuo acuerdo y por vía contenciosa. En el primero, es necesario suscribir un convenio regulador acordando el divorcio y las medidas derivadas del mismo, y posteriormente ratificarlo en el Juzgado. En el segundo, es necesario iniciar demanda judicial en solicitud de declaración de divorcio y proponiendo las medidas a adoptar por el Juez como consecuencia de tal declaración de divorcio. Igualmente, en el caso que no se hubiera contraído matrimonio, el procedimiento es el mismo que el indicado anteriormente, salvo en la solicitud de disolución matrimonial por divorcio.

En los casos que existan hijos menores o incapaces es obligatorio acudir ante el Juzgado.

Sin embargo, de no haber hijos comunes o éstos sean mayores de edad, se puede solicitar el divorcio ante el Notario de Ripollet o el de la localidad correspondiente al domicilio familiar, con asistencia de Abogado colegiado, junto con la suscripción de un convenio regulador de divorcio con las medidas consensuadas por las partes. Leer más

Qué tener en cuenta para ahorrar en el impuesto de sociedades de 2017.

La planificación fiscal del Impuesto de Sociedades debe de realizarse con previsión para que sea efectiva. Debemos adoptar aquellas decisiones que el ordenamiento jurídico nos ofrece, con el objetivo de minorar la factura fiscal de éste impuesto. Todavía estamos a tiempo para analizar la situación tributaria de nuestra empresa y tomar ciertas decisiones. Aquí apuntamos varios aspectos a tener en cuenta.

Operaciones con precio aplazado

Esta regla especial de imputación temporal es aplicable también a las prestaciones de servicios. Además, las rentas se entienden obtenidas proporcionalmente a medida que sean exigibles los cobros, salvo que la entidad decida aplicar el criterio de devengo, y no cuando se produzca el cobro, como ocurría anteriormente.

Tenga presente que si en una operación realizada en 2017, en la que ya ha sido exigible algún plazo, no se ha cobrado, hay que integrar la renta, aunque si al final del ejercicio hubieran transcurrido 6 meses desde la exigibilidad, se puede deducir el deterioro del crédito. Siempre es conveniente que ante una operación con precio aplazado, en el contrato se especifique cuándo vencen los plazos.

Intente diferir rentas al ejercicio 2018

A pesar de que el tipo impositivo no varía, puede ser interesante para usted diferir rentas al ejercicio 2018, adelantando gastos en la medida de lo conveniente y retrasando ingresos del 2017 al 2018, o viceversa, cumpliendo siempre los criterios de imputación temporal.

Amortizaciones

Conviene que proceda a revisar las amortizaciones que ha ido contabilizando para ver si son admitidas por la norma fiscal o si existe la posibilidad de aprovechar al máximo este gasto para rebajar la base imponible.

Una entidad que no fuera empresa de reducida dimensión, en 2013 y 2014 tuvo que limitar la amortización contable fiscalmente deducible al 70% de su importe, y en los periodos 2015 y siguientes, el gasto no deducible por dicha limitación tenía que revertir. Así, la amortización contable que no resulte fiscalmente deducible por la aplicación de esta limitación no tendrá la consideración de deterioro y se deducirá a partir del primer período impositivo que se inicie dentro del año 2015, de forma lineal durante un plazo de 10 años o durante la vida útil del elemento patrimonial, a opción del sujeto pasivo. Por tanto, un gasto que no fue deducible al 30% revierte, es decir, será deducible al 25%. No obstante, la nueva LIS estableció una deducción en la cuota del 5% de las cantidades que integren en la base imponible del período impositivo correspondientes a la reversión del referido ajuste.

Aunque en 2015 los intangibles de vida útil indefinida no se amortizaban contablemente, la norma tributaria permitía realizar un ajuste negativo al resultado contable del 1% del valor de adquisición del fondo de comercio y del 2% en el caso de otros intangibles de vida útil indefinida. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2016, el inmovilizado intangible dejó de clasificarse en función de si su vida útil es definida o indefinida, y se partió de la consideración de que todos los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida, pasando a ser amortizable todo el inmovilizado intangible; en principio en función de su vida útil, y si ésta no pudiera estimarse de manera fiable, en un plazo de diez años. Para los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero de 2016 la norma contable obligó a amortizarlos en 10 años, mientras que la ley del impuesto prevé un gasto deducible máximo de la veinteava parte de su importe (5% anual), lo que habrá de tenerse en cuenta para hacer el correspondiente ajuste al resultado contable.

Valoración de existencias

La posibilidad de optar por diferentes métodos de valoración de existencias es una manera de influir en el resultado. Tanto el PGC como el PGCPYMES admiten el FIFO y el Precio medio Ponderado. Al no contener la normativa fiscal disposiciones específicas en relación a este aspecto, no es necesario realizar ajustes al resultado contable para la determinación de la base imponible. Leer más

Nuevas deducciones para los autónomos. Ley 6/2017

Los autónomos desde el próximo 1 de enero de 2018 podrán deducir, con mayor seguridad jurídica, aquellos gastos de suministros y manutención que se originen en el desarrollo de su actividad económica.

Se ha publicado en el BOE de 25 de octubre de 2017 la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

Si nos ceñimos al ámbito fiscal, se modifica el artículo 30.2.5ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con la finalidad de clarificar la deducibilidad de los gastos de suministros y de manutención en los que incurren los autónomos en el ejercicio de su actividad:

Gastos de suministros. El autónomo que trabaje desde su casa puede deducir los gastos de suministros de la vivienda (agua, gas, electricidad, telefonía e Internet) en el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.

Gastos de manutención. Serán deducibles los gastos de manutención del contribuyente en el desarrollo de la actividad económica, siempre que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería y se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago, con los límites de 26,67 € diarios si el gasto se produce en España o 48,08 € si es en el extranjero, cantidades que se duplican si como consecuencia del desplazamiento se pernocta.