Despido objetivo por causas económicas. Falta de liquidez en la empresa que impide poner a disposición del trabajador, simultáneamente, la indemnización.

Comentarios a la STS de los Social de 28 de marzo de 2017.

 

Nos encontramos con una casuística habitual en periodos de crisis como el que ha pasado nuestra economía. Una empresa resaliza un despido por causas económicas a un trabajador, sin disponer de liquidez suficiente para indemnizar al trabajador en el momento del despido.

 

El artículo 53 del ET trata de la forma y efectos de la extinción por causas objetiva, incluidas las económicas, establece en su letra b):

 

“Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.

 

Cuando la decisión extintiva se fundase en el artículo 52.c) del ET, con alegación de causa económica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquel su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.”

 

Éste último párrafo es totalmente lógico y necesario. Regula una situación que, de no hacerlo, impediría la posibilidad de llevar a cabo el despido objetivo basado en causas económicas por aquellas empresas que, su situación económica es precisamente la causa del despido y, al mismo tiempo, la que provoca la falta de liquidez.

 

Ahora bien, dado que la documentación que permite acreditar la falta de liquidez está en posesión de la empresa es a ésta la que corresponde acreditar dicha situación.

No obstante, no siempre podrá acreditarse a través de una prueba plena, pero que sí será posible adverar introduciendo en el proceso determinados indicios, con apreciable grado de solidez, acerca de su realidad, lo que habrá de considerarse suficiente, pues en tal caso la destrucción o neutralización de esos indicios, si razonablemente hacen presumir la realidad de la liquidez, incumbiría al trabajador según el apartado 3. del artículo 217 de la LEC.”

 

La sala con un conocimiento admirable de la realidad económica de las empresas, mantiene el mismo criterio que dejó establecido en su sentencia de 25 de enero de 2005, posibilitando el despido de trabajadores a las sociedades que aúnen una situación económica adversa y falta de liquidez . Lo contrario, implicaría que muchas sociedades no podrían reducir sus costes laborales por falta de liquidez, cuando su situación económica es lo que les obligaría o aconsejaría llevar a cabo.

 

Departamento Laboral

Impuesto de sociedades. Creación de empleo mediante el contrato de apoyo a los emprendedores.

En la actualidad nos encontramos con muchas empresas que no hacen uso del contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores. Es un contrato de trabajo que, estudiado en su conjunto, aporta muchas ventajas a las Pymes, tanto en el ámbito de la relación laboral como en la fiscalidad de la empresa. En el ámbito laboral una de las principales ventajas que aporta a la empresa es el periodo de prueba de un año. No obstante, hoy queremos centrarnos en  comentar aquellas deducciones fiscales que pueden aplicar las empresas en el Impuesto de Sociedades como consecuencia de la formalización de ésta clase de contratos.   El contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores debe de formalizarse por escrito. Únicamente puede ser utilizado por empresas que tengan menos de 50 trabajadores. A través de éste contrato la empresa, además de generar derecho a la aplicación de bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social, puede aplicar los siguientes incentivos fiscales:

a)Una deducción de la cuota íntegra de 3.000 euros en el supuesto de que el primer contrato de trabajo concertado por la empresa se realice con un trabajador menor de 30 años. Solo puede ser aplicada la deducción por aquellas sociedades que contraten a su primer trabajador.

b)Adicionalmente, si el trabajador está desempleado y es beneficiario de una prestación contributiva por desempleo, la empresa puede aplicarse una deducción en la cuota íntegra del 50% de la prestación por desempleo pendiente de percibir por el trabajador en el momento de la contratación, con un límite de doce mensualidades. El trabajador contratado tiene la opción de compatibilizar cada mes, junto con el salario, el 25% de la cuantía de la prestación de desempleo que tuviera reconocida y pendiente de percibir en el momento de su contratación.

Esta segunda deducción debe de reunir los siguientes requisitos:

–  el trabajador contratado debe haber percibido la prestación durante al menos tres meses en el momento de la contratación. De ésta forma se elimina la posibilidad de fraude.

–  la acreditación por parte del trabajador, a través de un certificado del Servicio Público de Empleo Estatal sobre la cuantía del importe de la prestación pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio de la relación laboral;

–  se aplica a los contratos realizados en el período impositivo hasta que se alcancen los 50 trabajadores, y siempre que, en los doce meses siguientes al inicio de la relación laboral, se produzca, respecto de cada trabajador, un incremento de la plantilla media total de la entidad en al menos la unidad, respecto a la existente en los doce meses anteriores.

Las deducciones se aplican en el período impositivo en el que finalice el período de prueba  de un año exigido en éste tipo de contrato. Están condicionadas al mantenimiento de la relación laboral al menos durante tres años desde la fecha de su inicio. En el supuesto de que se incumpla el mantenimiento en el empleo al trabajador, deben reintegrarse las deducciones fiscales indebidamente practicadas. No se considerará incumplida esta obligación de mantenimiento cuando el contrato de trabajo se extinga, transcurrido el período de prueba, siempre que sea por causas objetivas, o despido disciplinario, cuando sean declarados o reconocidos como procedentes; dimisión; muerte; jubilación; o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

Si el contrato fuese a tiempo parcial las deducciones deberán de aplicarse proporcionalmente a la jornada de trabajo.

El Tribunal Supremo exime a las empresas de llevar un registro de la jornada diaria de la plantilla

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su instrucción 3/2016 y varias sentencias de la Audiencia Nacional habían establecido la obligatoriedad de llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y los horarios pactados.

Ahora el Tribunal Supremo estima que el único registro que debe de llevarse es el de las horas extraordinarias realizadas de conformidad al artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores.

El no llevar o llevar de forma incorrecta el registro indicado tampoco está considerada como infracción ya que las normas sancionadoras deben de interpretarse de forma restrictiva. De ésta forma no sería aplicable el artículo 7.5 LISOS. En el peor de los supuestos podría sancionarse únicamente de conformidad al artículo 6.6 de la LISOS que regula “Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales”.

Si existe la obligación de registrar las horas extraordinarias realizadas diariamente. La empresa debe de informar a final de mes al trabajador del número de horas extras realizadas.

 

Declaración de la renta 2016. Información básica.

El próximo día 5 de abril comienza la campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2016. Dada la importancia que tiene el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) queremos contestar aquellas preguntas básicas como ¿Cual es el plazo de presentación?, ¿Quién está obligado a presentar la renta?. Leer más

Tributación del pago por la sociedad de las cuotas de autónomo en los administradores societarios

En el supuesto de que los administradores de una sociedad mercantil tengan una participación superior al 25% de la sociedad, deberán de estar encuadrados en el régimen de autónomos. Al igual que en aquellos casos en los que la participación indirecta, aquella que se alcanza junto a la de familiares de hasta segundo grado con los que se conviva, sea igual o superior al 50%.

Cuando el administrador no alcanza los porcentajes de participación, directa o indirecta, antes mencionada, cotizará en el régimen general con exclusiones.

Una de las dudas que suelen plantearnos los administradores societarios, al iniciar una actividad económica a través de una sociedad de responsabilidad limitada, es quien debe hacerse cargo del pago de la cuota de autónomo. Leer más

Reclama la devolución del importe ingresado indebidamente en concepto de Plusvalía Municipal

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 3 de Donostia en relación con varios artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El Tribunal considera que el citado impuesto es contrario al principio de capacidad económica, previsto en el art. 31.1 CE. Leer más