EL TS decide que los autónomos societarios solo pueden compatibilizar el 50% de la pensión con el trabajo por cuenta propia

Solo podrán compatibilizar el 100% los autónomos que sean persona natural y tengan contratados a uno o más trabajadores

En palabras del TS «No son términos de comparación homogéneos, ya que ni la jubilación del actor, que es autónomo societario, afecta al empleo; ni ostenta la condición de empleador, que tiene la mercantil; ni responde con su patrimonio personal de las deudas salariales y de Seguridad Social derivadas de los trabajadores contratados por la empresa; a diferencia de lo que sucede con los autónomos que desarrollan su actividad actuando como persona física”.

Con este criterio se está abocando al cierre de empresas, a no continuar con la actividad y en consecuencia a extinguir los contratos laborales y destruir empleo. Justo lo contrario a la finalidad y espíritu de la norma que no es otro que fomentar la contratación y prolongar la vida laboral de todos los autónomos, sean societarios, o no

Medidas y ayudas para impulsar la rehabilitación de edificios y viviendas.

REAL DECRETO-LEY 19/2021, DE 5 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD DE REHABILITACIÓN EDIFICATORIA EN EL CONTEXTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (B.O.E. DE 6 DE OCTUBRE DE 2021)REAL DECRETO 853/2021, DE 5 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULAN LOS PROGRAMAS DE AYUDA EN MATERIA DE REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA […]

La AEAT prohíbe el software contable de doble uso

El 11 de octubre de 2021 entran en vigor los artículos 29.2.j) y 201.bis de la Ley General Tributaria, introducidos por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (Disposición final séptima de la Ley 11/2021).

El artículo 29.2.j) Ley General Tributaria establece “la obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos.”

Este artículo añade que “Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad”.

El desarrollo reglamentario mencionado en el artículo 29.2.j) está actualmente en curso por lo que la forma de cumplimentar las obligaciones establecidas en dicho artículo aún no está completamente definida y habrá que esperar a que el Reglamento establezca los requisitos que deben cumplir los sistemas y programas informáticos o electrónicos así como, en su caso, la forma de certificarlos.

Por tanto, hay que esperar al desarrollo reglamentario para conocer con detalle los requisitos que deben cumplir los programas y sistemas informáticos, así como, en su caso, la forma de certificación o acreditación de que se cumplen dichos requisitos.

El artículo 201.bis Ley General Tributaria regula las infracciones por fabricación, producción, comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplicable.

El apartado 1 del artículo 201.bis Ley General Tributaria regula define como infracción tributaria grave la fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas informáticos o electrónicos que:

Las letras a), b), c) y d) serán de directa aplicación a partir del 11 de octubre de 2021.

Las letras e) y f) exigen explícitamente un desarrollo reglamentario. Por tanto, no serán de aplicación hasta que dicho Reglamento sea aprobado y entre en vigor

El apartado 2 del artículo 201.bis Ley General Tributaria se refiere a la tenencia por los usuarios de sistemas y programas informáticos o electrónicos que no se ajusten a lo establecido en el artículo 29.2.j) de esta Ley, cuando los mismos no estén debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados.

Por tanto, hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario de la certificación a que alude este apartado, los usuarios no podrán ser sancionados por incumplimiento de este artículo.

El 31 de diciembre finaliza el plazo para recuperar las horas no prestadas durante el permiso retribuido recuperable

Desde el pasado 22 de junio se puede recuperar las horas del permiso retribuido. El plazo finaliza el 31 de diciembre de 2020.

El Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, estableció en su día un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestaran servicios esenciales. Dicha norma tenía como objeto reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. La medida pudo disfrutarse entre el 30 de marzo y el 9 de abril, ambos inclusive. Su efecto principal fue que se mantenía el derecho a la retribución que correspondería de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.

La recuperación debe negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras. La negociación tendrá una duración máxima de siete días.

Si no existe representación legal de las personas trabajadoras, deberán de nombrar una comisión representativa que estará integrada por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona de cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos. Las decisiones se tomarán por las mayorías representativas correspondientes. Sino es posible conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres personas trabajadoras de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto del Trabajador.  

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo.

Ayudas Covid-19

El Ayuntamiento de Ripollet convoca ayudas para empresas y autónomos afectados económicamente por el Covid-19

El plazo de solicitud finaliza el próximo día 16 de diciembre de 2020.

La finalidad de la Ayuda es compensar el impacto económico ocasionado por el Covid-19. Está dirigida a empresas y autónomos de hasta 10 trabajadores. La dotación económica es de 400 euros.

Si desean mayor información contacten con nosotros. Estaremos encantados en informarles.

Pactos entre los socios. Cláusulas Drag Along y Tag Along.

Pactos entre los socios. Claúsulas Drag Along y Tag Along, derecho de arrastre y derecho de acompañamiento respectivamente.

Las cláusulas o pactos de Tag Along o acompañamiento sirven para proteger a los socios minoritarios en casos de modificación de las cuotas de control de las sociedades permitiéndoles desvincularse del proyecto. En caso de que un tercero realice una oferta de compra a uno de los socios por sus participaciones en la sociedad, el resto de los socios puede ofrecer a ese tercero, en iguales condiciones y términos, sus propias participaciones. El efecto es que el tercero compra el mismo número de participaciones pero ese número se prorratea entre todos los socios que ejercitan tal derecho.

La cláusula de arrastre o Drag Along suele utilizarse para proteger la posible salida de un socio inversor dentro de la sociedad o la del socio mayoritario. Significa que, cuando un tercero realiza una oferta de compra de la sociedad la totalidad del capital social, el socio que tenga el derecho de arrastre puede obligar a los demás a vender us participaciones al comprador.

Obligación de los empresarios con empleados a disponer de un registro de jornada

Mediante el Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, el Gobierno trata de garantizar el cumplimiento horario en las empresas y facilitar el control del mismo a la Inspección.

Se trata de un tema que está siendo debatido desde hace tiempo, recordemos que la Audiencia Nacional, en Sentencia de 4 de diciembre de 2015, se pronunció a favor de esta obligatoriedad. Y que aunque esta sentencia no fue confirmada por el Tribunal Supremo, en su STS 246/2017, de 23 de marzo, sí que afirmó que convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias. Además, recientemente, el Abogado General de la Unión Europea dejaba clara su postura a favor de dicha obligatoriedad, lo que hace pensar en que próximamente el TJUE se pronunciará en el mismo sentido. Sin olvidar que el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020, señala como uno de sus objetivos la lucha contra la realización de horas extraordinarias ilegales.

Esto es lo que regula el RDL 8/2019 al respecto:

• Potestad del ministro de Trabajo

A través de la modificación del art. 34.7 ET se autoriza al ministro de Trabajo a «establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos, así como especialidades en las obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran»; todo ello previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

• Obligatoriedad del registro diario de jornada

Se añade un nuevo apartado 9 al art. 34 ET, en el que establece la obligatoriedad para las empresas de garantizar un registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria.

Este apartado obliga a la llevanza de un registro del horario de entrada y salida pero no concreta la forma de realizar dicho registro, dejándola en manos de la empresa, previa consulta con los representantes de los empleados. Y solo en caso de no existir tal representación será la empresa unilateralmente la que establecerá el modo de documentar ese registro.

El redactado no parece convencer ni a organizaciones sindicales ni a juristas por su falta de concreción y por la salvedad que hace respecto a la flexibilidad horaria.

Por lo tanto, la gran incógnita es cómo se va a llevar a cabo ese registro. Habrá empresas a las que les será más sencillo implementarlo, si todos sus trabajadores hacen el mismo horario y todos trabajan en su sede, pero el registro puede ser bastante más complicado cuando no toda la plantilla tiene el mismo horario, o cuando algunos empleados teletrabajen.

Dado que la norma no especifica el medio con el que debe realizarse dicho registro, entendemos que puede ser desde relojes analógicos de fichaje hasta aplicaciones informáticas. Aunque también habrá que tener en cuenta que dichos sistemas de control no choquen con el derecho a la intimidad y a la protección de datos.

• El papel de los representantes de los trabajadores

La puesta en marcha del registro se hará mediante negociación colectiva consultando previamente a los representantes de los trabajadores. En defecto de estos el empresario dará instrucciones para organizar y documentar el registro de la jornada de cada trabajador.

• Conservación el registro durante 4 años

La empresa está obligada a conservar este registro durante 4 años y los trabajadores, sindicatos e Inspección tendrán derecho a poder consultarlo.

• Infracción grave

El no cumplimiento de la obligación del registro será calificado de infracción grave, por lo tanto: de 626 a 6.250 euros de multa (art. 7 LISOS).

En el caso de encontrar múltiples incumplimientos de la norma, que afecten a diferentes trabajadores, se impone una sola sanción. Esto ha generado críticas por quien considera que deberían establecerse tramos según el volumen de la plantilla.

• Plazo

El registro será obligatorio en el plazo de dos meses desde la publicación de la norma. Por lo tanto, a partir del 12 de mayo (disp. final 6ª.4 RDL 8/2019).

Pero hay que matizar este plazo puesto que como la propia redacción del artículo no es muy explícita, y la implementación debe acordarse con los representantes de los trabajadores, puede ocurrir que no sea hasta esa fecha cuando las empresas inicien la negociación con los mismos.

Por último, es importante tener en cuenta que este registro de jornada no sustituye ni al registro de horas extraordinarias, ni al de jornada de los contratos a tiempo parcial ni al de las jornadas especiales reguladas en el RD 1561/1995, que ya tenían su propia regulación con anterioridad a este RDL.

Novedades en la cotización de los autónomos

El Gobierno y las principales organizaciones de autónomos firmaron ayer el acuerdo que fija las nuevas condiciones para el colectivo a partir del próximo 1 de enero. En resumen, podría decirse que la cuota mínima mensual se eleva en 5,36 euros, hasta los 283,3 euros, a cambio de una mayor protección social, que incluye incluso la ampliación del derecho al paro.

El acuerdo afecta a los 3,2 millones de trabajadores afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), y que representan un 17% del total de trabajadores adscritos a la Seguridad Social.

Estos serían los principales puntos del pacto firmado.

1. Subida de la cotización

La cuota mensual que pagan los trabajadores por cuenta propia que cotizan por la base mínima, que suponen el 90% aproximadamente, subirá a 283,2 euros. Ello supone 5,36€ mensuales más que en la actualidad.

En el caso de los autónomos societarios, la cuota se eleva en 6,89 euros al mes, hasta 364,2 euros al mes.

2. Tarifa plana

Se mantiene la tarifa plana en la cotización durante doce meses para los autónomos que inician su actividad, pero la cuota sube de 50 a 60 euros al mes. A cambio, los beneficiarios de esta tarifa tendrán los mismos derechos y prestaciones que el resto de autónomos.

En el caso de las autónomas, podrán acogerse a la tarifa plana durante doce meses dentro de los dos años posteriores a la prestación por maternidad, sin necesidad de cesar previamente su actividad.

3. Base de cotización

La base de cotización es el importe ligado a la remuneración mensual bruta de los trabajadores, que es de libre elección en el caso de los autónomos, que mayoritariamente cotizan por la mínima.

La base mínima de cotización de los autónomos subirá el 1,25% en 2019, hasta 944,35 euros al mes. Serán 1.214,08 euros para los autónomos societarios.

Las bases mínimas suben cada año en igual medida que el salario mínimo interprofesional, que en 2019 crecerá un 22,3%. De la necesidad de evitar esta subida a los trabajadores por cuenta propia ha surgido un acuerdo que dejará el año que viene por primera vez la base mínima de cotización de los autónomos (944,35 euros) por debajo de la base mínima de los asalariados (1.050 euros).

4. Sanciones por ‘falsos autónomos’

Para evitar que la diferencia de bases entre ambos regímenes lleve a las empresas a trasvasar empleados del régimen general al régimen de autónomos. Se endurecen las sanciones por esta práctica fraudulenta.

Tener un ‘falso autónomo’ que debiera estar contratado por cuenta de la empresa se convierte en una infracción muy grave sujeta a una multa que oscilará entre 3.126 y 10.000 euros por cada trabajador en dicha situación.

5. Tipo de cotización

El tipo de cotización sube al 30%. Hasta ahora los autónomos solo estaban obligados a pagar el tipo por contingencias comunes, aunque también podían cotizar voluntariamente por contingencias profesionales y cese de actividad. A partir de 2019 las tres serán obligatorias y se añadirá la cotización por formación.

El tipo del 30% se desglosa en 28,30 puntos para contingencias comunes, 0,9 puntos para contingencias profesionales, 0,7 puntos para cese de actividad y 0,1 puntos para formación y prevención.

El acuerdo establece que el tipo subirá al 30,3% en 2020, al 30,6% en 2021 y al 31% en 2022.

El tipo aplicado a la base de cotización da como resultado la cuota mensual a abonar a la Seguridad Social.

6. Cese de actividad

Se mejora el acceso y se flexibilizan las condiciones para obtener la prestación por cese de actividad, también conocido como el paro de los autónomos.

Se van a poder cobrar hasta 24 mensualidades, con un mínimo de cuatro, en función de lo cotizado, una cifra que duplica los periodos actuales que establecen un máximo de 12 meses y un mínimo de dos.

7. Accidente y enfermedad

Los autónomos tendrán derecho a cobrar la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja.

8. Incapacidad temporal

Los autónomos no pagarán la cuota de la Seguridad Social a partir del segundo mes de baja por enfermedad o incapacidad temporal hasta el momento del alta.

Se crea una prestación adicional que corresponde a la cotización del trabajador autónomo a partir del día 61 de la baja médica, lo que se anotará con cargo a los ingresos por cuotas en concepto de cese de actividad.

9. Cotización por ingresos reales

El Gobierno se compromete a implantar en 2019 un sistema de cotización ajustado a los ingresos reales de los autónomos. A finales de enero se tendrán los primeros datos procedentes del cruce de información entre la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, que servirán para iniciar el diseño del nuevo sistema.

Airbnb compartirá con la Agencia Tributaria los datos de los propietarios desde 2019

Madrid, 17 dic (EFECOM).- Airbnb, plataforma de alquileres privados vacacionales, compartirá con la Agencia Tributaria a partir del próximo 1 de enero la información que tenga disponible sobre las transacciones de los anfitriones o propietarios desde 2018.

Airbnb ha recordado hoy, en un comunicado, que el primer día de 2019 entrará en vigor la obligación de que las plataformas compartan los datos de las reservas de los anfitriones.

La ley en España está cambiando y la compañía quiere trabajar con los anfitriones para ayudarles a contribuir en la parte que les corresponde y hacer que el proceso del impuesto sobre la renta sea simple para todos, ha señalado el director de Políticas Públicas de Airbnb, Patrick Robinson.

Por ello, ha implementado una herramienta -accesible de manera individual por cada anfitrión desde su perfil- para que sea fácil proporcionar la información que las autoridades fiscales requieren.

Parte de la información que compartirá con las autoridades fiscales incluye los ingresos de los anfitriones y detalles de sus anuncios, como el nombre y la dirección.

Airbnb se ha aliado con la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) para ayudar a los anfitriones con sus obligaciones fiscales, y con PricewaterhouseCoopers (PwC), para proporcionar una guía de impuestos, además de abrir una línea directa gratuita para aquellos que quieran obtener información fiscal adicional.

Airbnb llegó la semana pasada a un acuerdo de colaboración en Estonia que permite a los anfitriones informar automáticamente de sus ingresos a las autoridades fiscales de ese país con solo hacer clic a un botón.

A principios del mes pasado, la compañía también respaldó las propuestas en Dinamarca que ofrecen incentivos fiscales a los anfitriones que se anuncien en plataformas que compartan con el Gobierno información básica sobre cuestiones fiscales.

Asimismo, desde 2016, Airbnb informa en Irlanda sobre los ingresos generados por los anfitriones a efectos fiscales.

Los anfitriones se quedan con hasta 97 céntimos de cada euro del precio por compartir su espacio, ha explicado la plataforma, para recalcar que, a medida que continúa creciendo, quiere ser un buen socio para las comunidades y seguir trabajando junto con las autoridades fiscales en Europa.

Airbnb ya ha trabajado con más de 500 gobiernos de todo el mundo para ayudar a los anfitriones y ha automatizado la recaudación de impuestos turísticos en lugares como Lisboa, Oporto o Francia, donde remite a los gobiernos locales la tasa turística en 23.000 ciudades desde principios de este año. EFECOM

 

Exención en el IRPF de las prestaciones públicas por maternidad recibidas de la Seguridad Social

La Sentencia 1462/2018 del TS del 3 de octubre de 2018 ha determinado que las prestaciones publicas por maternidad de la Seguridad Social, que reciban las mujeres trabajadoras durante la baja de 16 semanas como consecuencia del nacimiento de un hijo, están exentas del IRPF. Contradice el criterio mantenido hasta la fecha por la Agencia Tributaria.

Ésta doctrina permite:

I.- Solicitar la rectificación de las declaraciones de renta correspondiente a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

Se puede solicitar la rectificación del ejercicio, entre los arriba indicados, en el que se haya percibido dicha prestación económica.

La Agencia Tributaria está estudiando la posibilidad de habilitar un formulario para instar dicha rectificación y así simplificar el procedimiento.

II.- Solicitud de rectificaciones efectuadas con anterioridad a la fecha de la Sentencia del TS.

Si está pendiente de resolución el órgano revisor determinará la resolución conforme al criterio del TS.

III.- Prestaciones de Maternidad percibidas en 2018

No existirá obligación de declarar dichos ingresos y se podrán deducir las retenciones soportadas.

Cabe apuntar que la Sentencia del TS también declara exentas las prestaciones de maternidad reconocidas por las CCAA o entidades locales.