Medidas para garantizar la afiliación de los falsos autónomos

En el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 se detallan medidas que, entre otras muchas, contemplan la persecución de aquellas empresas que utilicen de manera fraudulenta la figura del falso autónomo.

A principios de agosto se aprobó un Real Decreto que modifica la normativa de Seguridad Social para garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social. Se trata del RD 997/2018, de 3 de agosto , que modifica los artículos 31 y 35 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.

A través de esta reforma se pretende evitar que las empresas a través del sistema RED obstruyan la actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social cuando la Inspección de Trabajo detecta altas irregulares en el Régimen de Autónomos, es decir, cuando se detecta que por su actividad laboral se trata de trabajadores por cuenta ajena (lo que se conoce como “falsos autónomos”).

En estos casos, la Inspección de Trabajo inicia un procedimiento e insta a la Seguridad Social para que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General, que es el correspondiente para los trabajadores por cuenta ajena, al menos hasta la finalización del procedimiento. Hasta ahora, las empresas afectadas –o en su caso, los trabajadores– tramitaban la baja para anular el alta practicada de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, que actuaba a instancia de la Inspección de Trabajo y dentro del procedimiento de infracción iniciado por ésta.

El nuevo Real Decreto trata de evitar estas incidencias introduciendo las siguientes modificaciones en el Reglamento:

– Artículo 31: se modifica su apartado 3, en el que se añade un párrafo en el que se establece que serán preceptivos los Informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para resolver las solicitudes de baja que se formulen tras haberse practicado altas de oficio, respecto a los mismos trabajadores a instancia de la propia Inspección ya que hasta ahora, estos informes eran potestativos.

– Artículo 35: su nuevo aparatado 7 establece que no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar aquellas bajas y variaciones de datos formuladas por las empresas y, en su caso, por los trabajadores cuando afecten a los periodos comprendidos en las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que motiven la tramitación de procedimientos de alta y variación de datos de oficio, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a los mismos trabajadores afectados por aquellas.

Y el actual apartado 7 pasa a constituir su nuevo apartado 8, con idéntica redacción.

Con estas medidas se pretende garantizar que los procedimientos tramitados de oficio puedan instruirse hasta su resolución en firme, sin verse obstruidos o afectados por actuaciones que pretendan distorsionarlos.

Edicte Ajuntament de Ripollet, Barcelona (convocatòria 2018 per a la sol·licitud i atorgament d’assignacions econòmiques per a la contractació de persones en situació laboral de desocupació, microempreses i autoocupació)

El Patronat Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet amb l’objecte d’incentivar la contractació de persones en situació laboral de desocupació i fomentar la constitució de noves activitats econòmiques en el territori amb la creació de microempreses i autoocupació impulsades per persones emprenedores té la voluntat d’establir una línia d’assignacions econòmiques públiques, sota la forma de subvenció, per al foment de l’ocupació i la consolidació del teixit empresarial, comercial i social del municipi.

Edicte Ajuntament Ripollet

Consulta de 15 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo sobre Compatibilidad de la prestación por desempleo con actividad autónoma

Queremos comentar la Consulta arriba indicada. En la consulta se plantea lo siguiente: “…se solicita criterio en materia de aplicación de la medida de fomento del trabajo autónomo contemplada en el artículo 33 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, en la redacción dada a dicho precepto por el artículo primero de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre….., que regula la compatibilidad de la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo con el desarrollo de un trabajo autónomo, por un periodo máximo de 270 días, para aquellos trabajadores que, encontrándose en situación legal de desempleo por haber cesado total y definitivamente en su actividad laboral, causen alta en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia, en las condiciones reguladas en la indicada norma. En concreto…… se consulta si dicha medida de compatibilidad resulta igualmente de aplicación a aquellos profesionales que, tras haber cesado con carácter total y definitivo en su actividad laboral, sea titulares del derecho al percibo de la prestación por desempleo en su nivel contributivo, e inicien una actividad profesional por cuenta propia con alta en una mutualidad alternativa al sistema de Seguridad Social, sin causar alta, por tanto, en ningún régimen de dicho sistema.

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Campaña de información y asistencia para prevenir el fraude del IVA

La AEAT está enviando cartas a determinados contribuyentes en el marco de actuaciones de prevención del fraude del IVA


En línea con las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018, aprobadas por la Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Hacienda está llevando a cabo una campaña de información del total de entradas en las cuentas bancarias, en relación con el seguimiento de las obligaciones de IVA.

Una de las directrices de dicho plan es la prevención del fraude, siendo éste un objetivo estratégico junto con la lucha contra el mismo. Leer más

Anuncio de l’Ajuntament de Barberà del Vallès en el que otorga ayudas económicas a la contratación de personas desempleadas

La finalidad de la ayuda económicas es, por un lado, fomentar la adquisición de competencias y mejora de la ocupabilidad de personas que se encuentren en situación de busqueda activa de trabajo y, por otro lado, el desarrollo del tejido empresarial y social del área metropolitana de Barcelona.

El otorgamiento de éstas ayudas económicas tiene como finalidad subvencionar el 33% del gasto de contratación por parte de las empresas o entidades que desarrollen su actividad en el área metropolitana de Barcelona (principalmente el municipio de Barberà del Vallès) y que contraten persona en situación de desempleo.

Ajuts Ajuntament de Barberà del Vallès 24042018 contratació

Anuncio de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, ayudas a autoocupación, creación de microempresas y pymes

Con vigencia desde el día 24 de abril de 2018, el Ajuntament de Barberà del Vallès ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria 2018-2019 para la solicitud y otorgamiento de las ayudas económicas a programas municipales para la autoocupación, creación de microempresas, pymes e iniciativas de economia social.

Ajuts Ajuntament de Barberà del Vallès 24042018

Absentismo laboral. Requisitos para la extinción del contrato de trabajo.

El absentismo laboral justifica la extinción del contrato de trabajo cuando concurren determinados requisitos. Hoy, queremos explicar cuales son dichos requisitos, y como deben de concurrir para que exista una causa objetiva, que legitime la extinción del contrato de trabajo.

Dichos requisitos son:

  • a) Volumen de inasistencias (aun justificadas pero intermitentes) del trabajador afectado: el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles (cabe, pues, el absentismo justificado por estar recibiendo el trabajador un tratamiento médico continuado, o por la existencia de alguna falta puntual de salud), o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses. No se exige el requisito (anteriormente vigente), de que el volumen de inasistencia o índice de absentismo del total de la plantilla del centro de trabajo superior al 2,5%, en los mismos períodos de tiempo.
  • b) Que estas inasistencias no se deban a las siguientes causas: 1) ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma; 2) el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores; 3) accidente de trabajo; 4) maternidad; 5) paternidad; 6) riesgo durante el embarazo y la lactancia; 7) enfermedades causadas por el embarazo, parto o lactancia; 8) licencias y vacaciones; 9) enfermedad o accidente no laboral, cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos; 10) las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda; y 11) tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.

Afectados por la resolución del Banco Popular. Tributación en el IRPF.

La DGT ha dado respuesta a las primeras consultas de los afectados por la resolución del Banco Popular. En la misma detalla las acciones llevadas a cabo por el FROB para la transmisión de la entidad Banco Popular Español, S.A. Se llevaron a cabo las siguientes operaciones:

– Reducción del capital social a 0, mediante la amortización de las acciones en circulación

– Aumento del capital social para la conversión en acciones de los bonos contingentes convertibles que la entidad de crédito resuelta tenía emitidos, y una posterior reducción del capital a 0, con la consiguiente amortización de las acciones

– Aumento del capital social para la conversión en acciones de los bonos subordinados y posterior transmisión de las mencionadas acciones a la entidad compradora por un valor de 1 euro.

Se ofreció a los accionistas y obligacionistas afectados la posibilidad de adquirir nuevos bonos emitidos por la entidad compradora en un importe nominal equivalente a la inversión en acciones o en obligaciones subordinadas del Banco Popular.

Las operaciones indicadas tienen transcendencia el el IRPF. Deben de tributar como rendimientos del capital mobiliario. Leer más

Extravío, sustracción o destrucción del pagaré

El pagaré cambiario es un título-valor por el cual una persona se obliga o compromete a pagar a otra o a su orden, una determinada cantidad de dinero en la fecha y lugar indicados en el título. Dicho título incorpora un derecho que en éste supuesto debe de ser pecuniario. El hecho de la incorporación del derecho de crédito a un soporte documental con el libramiento del pagaré, como ocurre en cualquier título, puede entrañar el riesgo de extravío, sustracción o destrucción del documento que implicaría la pérdida del derecho a reclamar el mismo por la vía cambiaria. Ante esta eventualidad más habitual de lo que uno piensa, los artículos 132 a 135 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria articulan un procedimiento al que puede acudir el tenedor que se ha visto desposeído del pagaré, que lo ha perdido o que ha sufrido su destrucción, para evitar que se realice el pago al sujeto que resulte ahora poseedor del documento, para que el título sea amortizado y para que se expida posteriormente un nuevo documento en el que se reconozca su titularidad. Los requisitos son que el poseedor legítimo que haya sido desposeído del título –o cualquier persona que haya sufrido la destrucción o extravío del pagaré– presente un escrito ante el Juzgado de lo Mercantil del lugar de pago justificando su legitimación para promover el expediente de amortización. Para la actuación en dicho expediente se requerirá la intervención de abogado y procurador y será tramitado ante el secretario judicial del Juzgado de lo Mercantil. La incoación del expediente se comunicará al emisor del pagaré y se anunciará en el Boletín Oficial del Estado y en un periódico de gran circulación de la provincia, disponiéndose la citación de quienes pudieran estar interesados en el mismo. Tras la comparecencia de las partes interesadas, el secretario judicial dictará un decreto pronunciándose sobre la prohibición de negociar o transmitir el título y sobre la procedencia del pago del mismo. Si en el plazo de seis meses desde la incoación del procedimiento, no se hubiese suscitado controversia, el Secretario judicial autorizará el cobro de los rendimientos que produzca el título, comunicándoselo al emisor para que pueda proceder a su pago. El pago podrá quedar condicionado a la prestación de una fianza que pueda garantizar, en su caso, la devolución. Si el pagaré tuviera un plazo de vencimiento superior, si en el plazo de un año no hubiera mediado oposición al expediente, el secretario judicial ordenará la emisión de un nuevo título que se entregará al solicitante.

He sufrido un accidente de tráfico. ¿Que indemnización me corresponde?

Es habitual que nuestros clientes, al haber sufrido un accidente de tráfico, nos pregunten que indemnización pueden reclamar. Bien a su compañía aseguradora o a la compañía contraria. Por ello queremos comentar como se valoran los daños acontecidos en accidentes de circulación.

Con la aprobación de la Ley 35/2015, se produjo un cambio en la valoración de los daños causados por accidentes de circulación, en algunos casos de forma positiva y otros de forma negativo.

Las actuales reglas para la valoración del daño corporal se dividen en tres secciones; indemnizaciones por muerte, indemnizaciones por secuelas y las indemnizaciones por lesiones temporales. Cada una de estas secciones de dividen, a su vez, en perjuicio personal básico, perjuicio personal particular y perjuicio patrimonial.

  1. En los casos de muerte, se fijan las distintas categorías de perjudicados y allegados para valorar las indemnizaciones (perjuicio personal básico), así otras para casos tasados fijados en la norma (perjuicio personal particular). En cuanto al aspecto patrimonial se reconoce un partida de 400.-€, sin necesidad de justificar, para gastos generales y, otros gastos específicos justificables, como por ejemplo el traslado del fallecido, repatriación, entierro y funeral. Por último, se determina el lucro cesante en base a los ingresos netos del fallecido activo o en base por el salario mínimo interprofesional del fallecido desempleado.
  2. En cuanto a las indemnizaciones por secuelas, el perjuicio personal básico se determina por un Baremo Médico que detalle todas las posibles secuelas por los posibles perjuicios psicofísicos permanentes y por los posibles perjuicios estético, otorgándole a cada secuela unos puntos fijos o variables según la gravedad. La suma final de los puntos se lleva a una tabla en función de la edad del lesionado para fija la cuantía económica. En el perjuicio personal particular, cabe destacar la apreciación de la Pérdida de Calidad de Vida del lesionado causada por la/s secuela/s, fijándose distintos grados (muy grave, grave, moderado y leve), que se traduce a una importante parte de la indemnización final para el perjudicado. Por último, en los daños patrimoniales por daño emergente se encuentran los gastos de hospitalarios, ambulatorios, de rehabilitación, de adecuación de la vivienda, de incrementos costes de movilidad y gastos de ayuda de terceras determinando el número de horas. El criterio del lucro cesante es similar al fijado en los casos de muerte.
  3. Las indemnizaciones por lesiones temporales son compatibles con las indemnizaciones de muerte y por secuelas. El perjuicio personal básico se cuantifica en 30.-€ diario. En el perjuicio personal particular se distinguen tres grados; muy graves (100.-€/día), graves (75.-€/día) y moderado (52.-€/día). Por la intervención quirúrgica se cuantifica un importe variable de entre 400.-€ y 1.600.-€. Respecto al perjuicio patrimonial, el daño emergente corresponde a los gastos de asistencia sanitaria, prótesis, ortesis, productos necesario por el lesionado hasta el final del proceso curativo o estabilización de la lesión y su transformación en secuela y los gastos por los desplazamientos asistenciales. Por último, en el lucro cesante se refiere a la pérdida de ingresos netos de periodos análogos, deducibles por las prestaciones de carácter público que perciba el lesionado por el mimos concepto.

Se trata de una regulación nueva con poco recorrido, pero de mejor calidad y claridad que la anterior. Destaca una tramitación extrajudicial mejorada gracias a la regulación del procedimiento obligatorio extrajudicial consistente en que obliga a la compañía contraría a trasladar una oferta motivada a las reclamaciones del perjudicado. Por contra, la despenalización de la mayoría de las lesiones causadas por accidente tráfico puede suponer una aumento de los costes del perjudicado en su reclamación judicial, debido a que la vía a reclamar será la civil en detrimento de la penal, así como en la necesidad de aportar informe pericial de parte pues en los denuncias penales por Falta eran elaborados gratuitamente por el propio Médico Forense del Juzgado. Por ello, es recomendable estar asistido por profesional experimentado durante la fase extrajudicial obligatoria previa para evitar mayores costes y aspirar una mayor indemnización, siendo la vía judicial la última de las fases.